En lo que podría representar la puntilla para las aspiraciones de la línea aérea Aviacsa de regresar a las pistas, un juez federal le está exigiendo desalojar las instalaciones del aeropuerto “Benito Juárez” de la ciudad de México, al validar un viejo adeudo que arrastra con la administración de éste
Lunes 01 de agosto de 2011
El plazo otorgado por el juez XI de Distrito en Materia Civil del DF para entregar slots, espacios de atención al público y lugares de reposo de sus aviones, es de 70 días, trascurridos los cuales se requeriría el apoyo de la fuerza pública para el desalojo.
La deuda reclamada es de 20 millones de pesos de un global de 30 acumulados durante los meses en que la firma desahogó un concurso mercantil a que se había acogido.
Y aunque, naturalmente, usted pensaría que lo fácil para la línea aérea que el 2 de mayo pasado había anunciado su regreso a las pistas sería cubrir el adeudo para evitar un mal mayor, en un escenario en que su nuevo dueño, el Grupo Madero de Ramón Madero Dávila ha invertido 40 millones de dólares en preparar la apertura, el problema no es de dinero, sino de actitud del gobierno.
En un insólito que refleja algo más que prepotencia, Aeropuertos y Servicios Auxiliares se niega a respetar el convenio concursal con que se canceló la posibilidad de quiebra de la línea aérea, en cuyo marco se exigía a todos los acreedores una quita de 65%.
Como si la tabla rasa no le tocara a la casa real, el gobierno exige un trato de excepción que, de concederlo, le abriría la puerta al resto de los acreedores para demandar a la compañía aérea. ¿Y porqué yo no?
Como recordará usted, la empresa que llegó a tener 11% del mercado, con opción de rutas internacionales, fue sacada del aire hace casi dos años, alegándose la obsolescencia de sus equipos, lo que ponía en riesgo la seguridad del público.
Lo intempestiva de la medida provocó una avalancha de demandas de pasajeros que se quedaron con su boleto en las manos.
Colocada en concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada, la empresa logró la aprobación de un esquema de reestructura de pasivos, tras la cual se le dio el visto bueno a su compra por parte del Grupo Madero.
La promesa de éste era inyectarle 160 millones de dólares en los primeros dos años de operaciones, la cuarta parte de los cuales se gastó en la compra de algunos aviones y la campaña de relanzamiento de la compañía, en paralelo al pago de deudas laborales.
El problema llegó cuando el aeropuerto capitalino y el Grupo Aeroportuario del Pacífico plantearon sendas inconformidades contra el convenio concursal, alegando que era inequitativo para su causa.
El litigio aún se ventila en los tribunales.
Lo insólito del caso es que el conciliador del concurso mercantil había certificado la aprobación de una mayoría de los acreedores al documento, quizá bajo el clásico argumento de-lo-perdido-lo-que-aparezca.
De ahí, pues, el visto bueno del juez.
Lo curioso es que bajo circunstancias similares, es decir la aceptación de un pago de sólo 35 centavos de cada peso, no se habían planteado inconformidades similares en otros convenios concursales, ya el de Iusacell, Comercial Mexicana, Grupo Durango, Fertinal…
De hecho, la quita reclamada en caso de firmarse un documento similar con Mexicana de Aviación, sería de 75%, por más que Vitro sólo plantea 35%.
Queda la sospecha, pues, de si se trata realmente de buscar la equidad o simplemente una maniobra para decantar la competencia en el mercado aéreo comercial. ¿Sólo Aeroméxico, Interjet y Volaris para comerse la mayoría del pastel? Por lo pronto, Aviacsa está en el callejón.
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